Como todos recordamos, 2009 terminó con la propuesta de una reforma política que el Ejecutivo enviaría al Legislativo, donde carece de mayoría, para su consideración. No es posible realizar un análisis sistemático de la propuesta en los minutos que amablemente me ofrece Guadalupe Lizárraga en su programa, de modo que me centraré hoy sólo en el que me parece es el más importante, y más riesgoso, aspecto de esta propuesta.
Una reforma política tendría que ser siempre progresiva. Es decir, tendría que apuntar a mejorar el funcionamiento de las instituciones. Tristemente, la reforma propuesta no lo es. Se trata de una reforma decepcionante en la medida que lejos de resolver los problemas que aún arrastramos de las elecciones de 2006 y 2009, como la vigilancia del uso de los recursos públicos o privados a los que los partidos tienen acceso, le apostó por tratar de generar un sistema, tanto en el ámbito municipal como en el del Congreso de la Unión, en el que la reelección sucesiva sea posible.
El argumento con el que muchos, dentro y fuera del gobierno, de buena y de mala fe, nos tratan de convencer de las virtudes de esta propuesta es que, gracias a la reelección los electores tendrían la posibilidad de premiar o castigar a quienes ejercen un cargo de elección popular. Este argumento, el que más frecuentemente utilizan los promotores de la reforma es falaz porque los políticos no salen de la nada. De una u otra forma sabemos quiénes son al momento en que se postulan y un número importante de ellos se reciclan de un cargo—por ejemplo—municipal, a uno estatal y de ahí a uno federal y en cualquier combinación imaginable de estos tres niveles.
Tan es así que el Congreso de Baja California atinó a aprobar una reforma, la llamada ley “Anti-Chapulín” en el ámbito estatal que, lamentablemente estuvo mal planteada en su origen y terminó por ser calificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como anticonstitucional.
A pesar de ello, el hecho que los legisladores locales bajacalifornianos la hayan aprobado deja ver que, para bien o para mal, los políticos de los distintos partidos se mueven de un cargo a otro, es decir, se reeligen con relativa facilidad.
Los electores tienen, en este sentido, la oportunidad de premiar o castigar a los políticos. No está por demás recordar, en este sentido, que a pesar de que la ley fue rechazada, y un conocido alcalde de Tijuana compitió como candidato del PRI para gobernador, fue rechazado por los electores, no sólo en los otros cuatro municipios del estado, sino en la propia Tijuana que supuestamente sería su bastión y tiene, dada la concentración de la población en ese municipio, amplia ventaja sobre los otros cuatro cuando de elegir al gobernador se trata.
No nos engañemos entonces. Los electores mexicanos tenemos la posibilidad de premiar o castigar a los políticos.
Lo que es más, la reforma como está planteada, lejos de permitir el que los electores pudiéramos castigar o premiar a los políticos, les da más posibilidades a los políticos para perpetuarse en el poder. En primer lugar, la propuesta de reforma no incluye una sola palabra acerca de la necesaria reforma del régimen de fuero que les permite a los miembros de cualquier cabildo, a los diputados (locales y federales), a los senadores, a los jueces—desde los jueces de paz hasta los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación—así como al presidente de la República disfrutar de una figura profundamente abusiva, la del fuero. Esta figura es una suerte de patente que permite a los políticos mexicanos cometer cualquier cantidad de abusos sin que puedan ser sujetos de acciones judiciales.
En este sentido, uno de los errores más graves de la propuesta de reforma es que no dice una sola palabra acerca de la necesidad de eliminar, por obsoleta e innecesaria, o por lo menos limitar claramente el alcance de la protección que ofrece el fuero a los funcionarios.
Vale la pena voltear la vista a otros países de América Latina en los que, como en México, los diputados gozan de fuero y, a diferencia de México, pueden reelegirse. En Argentina, por ejemplo, se encuentra el caso del diputado Raúl Pérez, representante de la provincia de Buenos Aires en el Congreso Nacional de Argentina quien, gracias al fuero y a la reelección, ha logrado eludir durante doce años las acusaciones penales que se le hacen por enriquecimiento ilícito.
¿Nos damos cuenta de lo que implicaría en un país como México reproducir el modelo que le ha permitido al diputado Pérez eludir a la justicia Argentina?
Me parece que no. Pero los problemas que enfrentaríamos en caso de aprobar la propuesta de reforma no se acaban ahí. Muy por el contrario. Consideremos, por ejemplo, qué ocurrirá cuando se traten de fijar las reglas para que las elecciones en un municipio o en un distrito electoral, federal o estatal, se fijen. ¿Estamos listos, por ejemplo, para que el IFE o las autoridades electorales estatales puedan vigilar y auditar la operación de las haciendas públicas municipales? Pensemos, en este sentido, que en la actualidad el IFE y las autoridades electorales estatales ya enfrentan violentas campañas de que tratan de desacreditarlos, tanto de parte de los partidos, como de los medios de comunicación que se consideran lesionados por las prohibiciones establecidas por la reforma de 2009 en materia de contratación de tiempo en los medios electrónicos.
¿Estamos dispuestos a aumentar las facultades del IFE y las autoridades electorales estatales y, sobre todo, a aumentar los presupuestos de esas autoridades?
Porque, pensemos por un momento, ¿Qué impedirá, por ejemplo, que presidente municipal, por ejemplo, de Guadalajara, Tijuana o Monterrey, busque la reelección y para ello cuente, ya desde el inicio de su segundo año de gestión con todo el aparato de gobierno del ayuntamiento?
Si en las actuales condiciones son frecuentes las acusaciones de uso partidista de recursos de los ayuntamientos, lo mismo que las acusaciones de hostigamiento contra empleados de la administración pública municipal que no apoyan al partido en el poder, ¿qué ocurrirá cuando el alcalde en turno busque la reelección?
Y qué decir de las elecciones de diputados y senadores. ¿Estamos dispuestos a darle más recursos al IFE para auditar, por ejemplo, el uso de las oficinas en la Ciudad de México y de las oficinas de enlace en Tijuana, Mexicali o Ensenada, con todo el personal que cada diputado o senador tienen a su disposición?
Me parece que no.
* El autor es Doctor en Sociología por la Universidad de Fordham, Nueva York.
La fotografía ha sido tomada de www.eluniversal.com/ |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario